El sector hostelero está descontento con el nuevo decreto que marca los horarios especiales de los bares. Desde las pasadas fiestas del barrio de Judimendi, el tema ha ocasionado una gran batalla entre los hosteleros y el Ayuntamiento. Los portavoces de los bares de esta zona denunciaron la normativa que les obligaba a cerrar los locales a partir de las 2.00 horas. Pero los departamentos de Medio Ambiente, Cultura y Política Municipal denegaron todas las solicitudes.
En la comisión celebrada ayer en el Ayuntamiento de Vitoria, la concejal de Medio Ambiente, Alba Cañadas, nombró las características del decreto en la que se especificaba la ampliación del horario durante diez días al año reservados para aquellos eventos como el Azkena Rock Festival, el campeonato de triatlón y el festival de Jazz que impulsan el turismo de la ciudad a la vez que reúne a un gran número de ciudadanos. “No podemos repartir esos días entre todos los barrios, es una ley muy clara. Nos perjudicaría a la hora de querer atraer visitantes a nuestra ciudad con el resto de eventos”, afirmó Cañadas. A su vez, Antxon Belakortu, portavoz de Eusko Alkartasuna, subrayó que el Ayuntamiento dispone de instrumentos suficientes para poder retrasar el cierre favoreciendo el disfrute de las fiestas. “San Juan es una de las veladas que más tradición tienen entre los jóvenes y pensar que los bares de la zona tengan que cerrar como un miércoles cualquiera es bastante absurdo”, destacó Belakortu.
Hace dos meses, el Parlamento Vasco instó al Ejecutivo autonómico para que presentase ante el consejo vasco de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, un estudio sobre la ampliación de los horarios teniendo en cuenta que sería un gran impulso en la actual situación de crisis en la que se vive. Por otra parte, apostó por el ocio nocturno como un sector de gran trascendencia económica y social, para favorecer el posicionamiento del País Vasco en los mercados del turismo profesional y de fin de semana. Sin embargo, el Consistorio hizo oídos sordos de esta iniciativa y desde entonces se ha aplicado la mano dura con todos los establecimientos que interrumpen la tranquilidad de los vecinos. En este sentido, las multas que contemplan podrían alcanzar los 12.000 euros frente a los 900 euros de ahora.

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