Los tribunales no tienen la misma percepción que la concejala de Medio Ambiente de Vitoria, Alba Cañadas, sobre qué es cumplir “de forma rigurosa” las leyes. El Juzgado número dos de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso de la Junta Administrativa de Lasarte por el que solicita la paralización de la planta de reciclaje de residuos de la construcción hasta que se adopten las medidas necesarias para acabar con el suplicio que acompaña a los vecinos desde 2006: ruidos constantes, exceso de polvo, iluminación artificial en horario nocturno… Unas molestias que, según dicen, han mermado su calidad de vida y que, para colmo, proceden de una instalación que está operando sin tener todavía la licencia de apertura definitiva.
El pueblo celebró ayer la admisión de su recurso, pero lamentó haber tenido que llegar hasta los tribunales por no haber encontrado durante más de tres años la complicidad del Ayuntamiento. El 28 de agosto de 2009, tras varias advertencias transmitidas de manera verbal al Departamento de Medio Ambiente, la Junta presentó el primer escrito de queja. No obtuvo respuesta. A ése siguieron otros, y el pasado mes de septiembre requirió formalmente al Ayuntamiento de Vitoria que actuara conforme a la ley para impedir la continuidad de “las actividades ilegales” de la planta de residuos de la construcción. Cañadas replicó entonces que la instalación cumplía las ordenanzas municipales y que el centro estaba a la espera de contar con una certificación respecto a focos de emisión del Gobierno Vasco para que así el Consistorio pudiera cambiar la licencia de apertura provisional por un permiso definitivo.
La Junta escuchó y actuó. No iba a seguir aceptando “la inactividad” del Gobierno. Una crítica a la que se sumaron los grupos de la oposición, que tildaron de “permisiva” la actitud del gabinete de Lazcoz con la empresa al establecer los plazos de tiempo necesarios para incorporar mejoras en el impacto visual de la planta o en la emisión de ruidos.
A partir de ahora, el Ayuntamiento dispone de cinco días para oponerse al recurso y de diez para alegar lo que estime oportuno en relación a la solicitud de suspender, hasta la resolución del litigio, la actividad de la planta.

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