El Correo .Ya es oficial. Los cooperativistas de Mariturri podrán pagar sus viviendas al precio que establece la ley que regula la VPO, es decir, en torno a los 120.000 euros. Así lo establece el acuerdo alcanzado ayer con Ensanche XXI, la sociedad municipal que gestiona la expansión de Vitoria.


El pasado martes, los adjudicatarios de las casas en el sorteo de febrero de 2005 ya aceptaron, como adelantó EL CORREO, la propuesta municipal para no hacerse cargo del sobreprecio de sus pisos. Ayer, el propio Ayuntamiento le dio el visto bueno. En virtud de este acuerdo, el Gabinete Lazcoz comprará los locales comerciales de los 354 pisos -a un precio de 2.000 euros el metro construido- y las plazas de garaje no vinculadas a cada casa -a 24.040 euros por parcela-.
Es decir, una inversión total que asciende a 9 millones de euros y que el equipo de gobierno confía en recuperar con la posterior venta de los locales y garajes. «Suponen cerca de 2.500 metros cuadrados de lonjas y medio centenar de plazas de aparcamiento», informó ayer el alcalde, el socialista Patxi Lazcoz. El regidor reconoció que el convenio se «ha cerrado satisfactoriamente, tal y como nos comprometimos por unanimidad, por lo que casi el 100% de los dueños están contentos con el resultado».
Escoriaza Esquível
Todo un respiro para los socios de las seis cooperativas, que el año pasado denunciaron que sus viviendas podrían alcanzar los 210.000 euros. Los promotores les explicaron que la razón obedecía a la complejidad de los diseños arquitectónicos exigidos por el Consistorio. Sin embargo, una auditoría posterior demostró que las cuentas podían cuadrarse y lograr un acuerdo.
Por otra parte, Lazcoz se refirió a la paralización de las negociaciones que mantenía el Ayuntamiento con los propietarios del Palacio Escoriaza Esquível para hacerse con el edificio renacentitas. «Debemos saber primero quiénes son los propietarios para poder hablar con ellos, porque hay un procedimiento judicial al respecto», declaró.
Y es que la Iglesia ha interpuesto un recurso contra la sentencia que establecía que la propiedad recaía en los herederos del promotor del fundador, Domingo Ambrosio de Aguirre. El Ayuntamiento no descarta expropiar el inmueble.

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