El Correo Español.
Freno a los sorteos de suelo entre cooperativas de viviendas para construir pisos protegidos en Salburua y Zabalgana. El Ayuntamiento ha detenido en seco su política en este sentido tras las últimas polémicas en torno al sobreprecio que las gestoras de algunas de estas entidades exigían a sus asociados. El caso más significativo se destapó el pasado verano en Mariturri, una promoción donde algunos jóvenes se veían obligados a abonar casi 210.000 euros por residencias que deberían situarse en torno a los 120.000 euros.
Así lo constataron ayer el concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, y los portavoces de los principales partidos de la oposición -PNV y PSE-, que se mostraron favorables a congelar las adjudicaciones de suelo mientras se «revisa» el modelo, una decisión tomada ya en el seno de la sociedad municipal Ensanche 21. En los últimos cinco años, el Ayuntamiento de Vitoria ha sorteado parcelas entre cooperativas para la edificación de 1.244 pisos protegidos.

Desde la primera de esas rifas, en 2002, se percibió el interés de las inmobiliarias y promotoras privadas locales por adentrarse en un ámbito en un principio pensado para agrupaciones de carácter social y ciudadano. Sobre todo, ante la escasez de suelo para construir en régimen libre, dado que el 75% de Salburua y Zabalgana se reserva a viviendas de VPO. El primer proceso de adjudicaciones concitó el interés de 19 cooperativas. En noviembre de 2004 rondó la treintena.
Comisión especial
«Es cierto que han existido abusos», aseguró el portavoz socialista, Patxi Lazcoz, «por parte de algunas gestoras, no todas», matizó. «Pero conforme hemos ido conociendo la actuación de algunos desalmados hemos ido corrigiendo los problemas», agregó. El líder del PNV, Mikel Martínez, admitió, asimismo, que «hemos asistido a disfunciones y desajustes» y focalizó el problema en que «sabemos que detrás de algunas cooperativas están promotores e inmobiliarias con ánimo de lucro».
La Corporación abordó ayer este debate al hilo de una denuncia de un colectivo vecinal, cuyo portavoz, Guillermo Perea, tachó de «estafa» el sobreprecio que se ha exigido a cooperativistas en algunas promociones de los nuevos barrios. Perea pidió la apertura de una «comisión especial» para invertigar los hechos, que no fue apoyada. Según comunicó, valorará poner sus datos en manos de la Fiscalía.

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