GARA.
El fraude podría ascender hasta los 60 millones de euros, según las asociaciones de vecinos que han denunciado el chantaje al que se ven sometidos los cooperativistas a los que se obliga a comprar las lonjas de sus inmuebles. Piden que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad.
Integrantes de ocho asociaciones de vecinales de la capital alavesa han denunciado un supuesto fraude que se lleva a cabo en las viviendas de protección oficial que se están construyendo en Salburua y Zabalgana y que, según han concretado, afecta a más de 2.000 pisos.
Las asociaciones que se han agrupado para hacer pública su denuncia -Gasteiz Txiki, Zazpigarren Alaba, Judimendikoak, El Mineral, Betiko Gasteiz, Bizigarri, Errota Zaharra y Erreka Txiki¯ afirman que los cooperativistas son obligados a adquirir los bajos comerciales de las viviendas «y a un precio muy superior al del mercado». A modo de ejemplo, explicaron que si un metro cuadrado de un bajo viene costando unos 1.200 euros, «les están cobrando 6.000 euros o más». Critican que los cooperativistas son chantajeados con perder su vivienda si no acceden a pagar el sobreprecio, «que como media asciende a unos 30.000 euros, pero en algunos casos alcanza los 60.000». De este modo, las asociaciones denunciantes afirman que el montante total de la estafa podría ascender hasta los 60 millones de euros, «un escándalo para esta ciudad».

A este respecto, denuncian que, si bien las viviendas son ejecutadas por las cooperativas, el Ayuntamiento tiene mecanismos para garantizar que el precio de las viviendas protegidas no supere el que indica la ley y que está en torno a los 120.000 euros. «El Consistorio tiene proyectos básicos similares a los que se están aprobando por estas empresas cooperativas constructoras y, por lo tanto, conoce todos los costes en todos sus detalles y conjuntamente adjudica a las cooperativas la ejecución de la obra con una condiciones que se tienen que cumplir, además de tener otros mecanismos de control», explica el portavoz de las asociaciones, Guillermo Perea. Por lo tanto, consideran que «es imposible que las empresas realicen una operación como ésta sin estar en conocimiento del Ayuntamiento».
Otro tanto critica acerca del comportamiento de Lakua, «que también tiene mecanismos por los que conoce los detalles de los citados proyectos».
Por todo ello, «y ante la gravedad de los hechos», las asociaciones, que vienen analizando el tema desde que el verano pasado los vecinos de las torres de Mariturri denunciasen también irregu- laridades que «posteriormente se han demostrado», han pedido una comparecencia en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de la capital «para explicar a los corporativos los datos que tenemos entre manos y que ellos conocen ya».
En la citada comparecencia piden la presencia del alcalde de la ciudad, Alfonso Alonso, y el del concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo -ambos del PP-, «para que expliquen al resto de los corporativos por qué se ha permitido esto, por qué tras la denuncia de la plaza pórticada de Mariturri no se ha extendido la investigación a la totalidad de las viviendas de protección oficial y, naturalmente, para que se tomen las medidas administrativas adecuadas para que los cooperativistas no tengan que pagar un euro más o se les devuelva lo que han pagado ya».
Anonimato para los afectados
Asimismo, exigen que se garantice el anonimato de las personas que acudan a exponer su caso a una comisión cerrada para romper «el chantaje que se ha producido y a día de hoy se sigue produciendo». Además, las asociaciones denunciantes consideran necesario que el Ayuntamiento preste asesoramiento a todas la personas afectadas de manera gratuita, para asegurarles que pagarán los 120.000 euros que están estipulados para una vivienda de protección oficial.
Una vez realizada la comparecencia en el Ayuntamiento «y a causa del calibre de lo que está ocurriendo», las asociaciones de vecinos anunciaron también que acudirán a la Fiscalía para que actúe sobre el caso «de una vez por todas».

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