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Representantes de ocho asociaciones de vecinos denunciaron ayer públicamente una presunta “estafa” de viviendas de protección oficial que, en su opinión, se está dando en Salburua y Zabalgana desde el año 2001 y afecta a 2.000 pisos. El dinero estafado alcanza los 60 millones de euros, según los cálculos del portavoz vecinal Guillermo Perea.
Los “estafadores”, que actúan bajo el manto de la legalidad, son -según los denunciantes- una quincena de cooperativas ligadas directamente a empresas constructoras e inmobiliarias. Los estafados, los adjudicatarios de las casas, a quienes “amenazan” con dejarles sin vivienda si no abonan más dinero del establecido para la VPO. El modus operandi más común, el “chantaje”. Según explicaron los denunciantes, les obligan a comprar los bajos comerciales a un precio “desorbitado”. Otra fórmula suele ser la entrega de dinero negro.
“Lo que ha ocurrido desde el año 2001 en Vitoria es muy grave; no se puede consentir que constructores-inmobiliarios, constituidos en cooperativas, puedan decidir un incremento del precio que la ley fija para la VPO”, censuró Perea, quien se mostró dispuesto a acudir a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto.

Además, los representantes de las asociaciones Gasteiz Txiki (Casco Viejo), Zazpigarren Alaba (Aranbizkarra, Aranzabela y Aranbide), Judimendikoak, El Mineral, Betiko Gasteiz (centro) Bizigarri (Zaramaga), Errota Zaharra (Coronación) y Erreka Txiki (Santa Lucía) exigirán el inicio de una investigación en el Ayuntamiento.
En este sentido, indicaron que solicitarán la comparecencia del alcalde, Alfonso Alonso, y el concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, para que expliquen por qué permiten esta situación, a pesar de tener el informe completo de esta presunta estafa. “El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento no toman cartas en el asunto porque la estafa es legal, entre comillas. Sin embargo, las instituciones tienen la obligación de garantizar que el precio que los propietarios paguen no sea superior al que indica la ley para la VPO, en torno a los 120.000 euros”, argumentó Perea.
Desde el Ayuntamiento manifestaron que la competencia es del Ejecutivo autonómico, aunque la administración municipal es la encargada de vigilar que las cooperativas que se presentan a los concursos cumplan los requisitos exigidos por la Sociedad de Cooperativas de Euskadi, órgano que depende del gobierno de Lakua.
Así considera Jaime Rubias la acusación formulada por los vecinos, ya que “nadie puede obligar a los cooperativistas a comprar algo que es suyo”. El agente de la propiedad inmobiliaria explicó que las personas que se unen para formar una cooperativa, a partir del momento en que compran el suelo, pasan a ser dueños de todo el volumen que se edifica sobre ese terreno, ya sean viviendas o bajos comerciales. Posteriormente, cuando esos locales se venden a terceros, el dinero obtenido se reparte entre todos los cooperativistas.
Según Rubias, “bajo ningún concepto una vivienda protegida puede salir más cara que el precio que marca la ley”. No obstante, considera que habría que analizar los estatutos o contratos realizados por cada cooperativa, aunque no cree que, legalmente, sea posible establecer un aumento del precio de la vivienda.

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